Sobre el Tribunal Constitucional

Seguro que has oído hablar del Tribunal Constitucional. Probablemente has visto una imagen de su sede en numerosos telediarios recientes.

Pero, ¿verdaderamente conoces en qué consiste esta institución? ¡Te lo contamos!

¿Qué es? ¿Cuáles son sus competencias?

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, siendo su principal función garantizar que nuestra Carta Magna se preserve como la norma superior dentro de la jerarquía de nuestro sistema jurídico y que sea respetada por toda la regulación inferior a la misma y por la actuación de todos los poderes públicos. Este concepto se conoce como supremacía normativa. Es un órgano constitucional independiente a todos los demás y está sometido únicamente a la Constitución y a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC).

Además de ser garante del orden constitucional, imponiendo su doctrina a los poderes públicos, entre las principales competencias del TC encontramos:

• El control de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes. Cualitativamente, el control de constitucionalidad de las leyes es la función más relevante del TC. Se acciona a través de dos mecanismos: el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. En el primer caso, la Constitución da la posibilidad de que 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Gobierno o los órganos ejecutivo o legislativo de las Comunidades Autónomas impugnen la validez de una ley cuando consideren que se opone a la Carta Magna. Si la sentencia del TC verifica que existe tal contradicción con la Norma Suprema, se declara la inconstitucionalidad de la norma, que pierde vigencia y no puede ser aplicada. En el segundo caso, nos encontramos con un instrumento semejante, pero que sólo están legitimados para emplearlo órganos judiciales (los jueces y magistrados, esto es, los integrantes del Poder Judicial) cuando al resolver cualquier asunto estimen que la ley que deben aplicar a un caso y de la que depende la decisión que deban tomar sea contraria a la Constitución. Si el TC en su sentencia aprecia tal contradicción, el resultado sería idéntico al descrito anteriormente. Esta función ha contribuido a que la dogmática del Derecho se refiera en ocasiones al TC como el Legislador negativo, porque es un órgano con la facultad de impedir la aplicación de ciertas normas aprobadas por el poder legislativo (lo que consideraríamos el Legislador positivo). En el caso de los tratados internacionales, cabe recabar la opinión del TC antes de la firma del convenio, para corroborar previamente que los compromisos internacionales que asumiría el Reino de España en virtud del acuerdo internacional son conformes a la Constitución.
• La protección de los Derechos Fundamentales mediante el recurso de amparo. Es la actuación más voluminosa del TC desde el punto de vista cuantitativo, por el elevado número de casos que aborda. Esta función le hace valedor del nombre Corte de Garantías, término que también se emplea en los medios y en la doctrina para referirse a esta institución.
• La resolución de conflictos de competencia entre las instituciones centrales del Estado. Es la disputa que se concita cuando alguno de los órganos del Estado considera que otra institución de nivel estatal está adoptando una medida asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas le confieren a la primera.
• La resolución de conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA. Por ejemplo, en 2003, el Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco firmó un acuerdo de pesca, en Nouakchott (Mauritania), con el Ministro de Pesca y de Economía Marítima de esta República Islámica. El Tribunal Constitucional determinó que ese convenio internacional vulneraba la competencia exclusiva del Estado para celebrar tratados internacionales con otros países.
• Preservar la autonomía de los entes locales.

Asimismo, realiza una labor integradora especialmente valiosa en un Estado plural y descentralizado como el nuestro.

¿Quién lo compone?

Se trata de un alto comité extraparlamentario de expertos juristas compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Los miembros del TC deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes (por tercios, esto es, de cuatro en cuatro) cada tres: se evitan así cambios completos del TC para que no se den giros drásticos en la jurisprudencia constitucional.

Ningún magistrado podrá ser propuesto para otro período inmediato (no podría repetir su cargo en el mandato consecutivo al recién expirado) salvo que hubiera ocupado el cargo durante un plazo no superior a tres años. Asimismo, si no se elige a un magistrado a tiempo, el actual continúa en el cargo (prorrogatio) y al nuevo se le resta del tiempo de ejercicio de sus funciones el que se haya tardado en nombrarlo.

Cabe destacar que los magistrados del TC son independientes e inamovibles en su función, siendo además aforados, es decir, en caso de ser imputados por un delito, han de ser juzgados por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal para evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de semejante responsabilidad.

Hay que añadir que, por la naturaleza de sus miembros, el TC no puede ser un órgano judicial ya que los órganos judiciales están servidos por magistrados permanentes. Como veremos, los miembros del TC tienen nombramiento ad hoc, es decir, para un fin específico.

¿Y su estructura interna? ¿Cómo funciona?

En lo que se refiere al personal, cabe distinguir entre:

• Presidente: nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años, mediante votación secreta.
• Vicepresidente: elegido por el mismo sistema cada tres años, siendo su función principal la de presidir la Sección Segunda y sustituir al Presidente en sus funciones.
• Magistrados
• Otro personal, entre los que encontramos a los Letrados; personal cualificado que desempeña funciones técnicas, al Secretario General; un letrado que dirige la administración y es elegido por el Pleno, y a los Secretarios de Justicia; miembros del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que realizan labores equivalentes a las de un LAJ en un Tribunal normal. En el TC, no se llaman LAJ como en otros tribunales, sino Secretarios de Justicia, ya que no pertenecen al orden judicial.

La estructura interna del TC consiste en: el Pleno; integrado por los doce magistrados que componen el TC y es presidido por el Presidente, las Salas; compuestas por seis magistrados cada una, presidiendo una el Presidente y otra el Vicepresidente, que a su vez se dividen en Secciones, que se componen del Presidente de la Sala o su sustituto y tres magistrados.

Con respecto al funcionamiento del TC, la forma habitual de concluir los procesos constitucionales es mediante la sentencia, salvo en el control de constitucionalidad de los tratados internacionales, en los que la decisión del TC adopta el nombre de declaración. Las sentencias del TC se publicarán en el BOE y tienen valor de cosa juzgada porque contra ellas no cabe recurso alguno, aunque en el plazo de dos días se podrá pedir su aclaración.

De esta forma, las sentencias del TC ponen fin al proceso en sede constitucional (generan una interpretación de la Carta Magna que vincularía al resto de operadores jurídicos), pues contienen la decisión definitiva sobre el asunto presentado a su conocimiento. El núcleo central de la sentencia son sus fundamentos jurídicos, que contienen la decisión definitiva sobre el asunto. La sentencia finaliza con el fallo. Los votos particulares se incorporarán al BOE, y suponen la opinión discrepante de algún magistrado del TC. El resto de las resoluciones, salvo que la LOTC (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) disponga lo contrario, tomarán la forma de autos si son motivadas o de providencias si son sin motivar.