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María Chaso, 3º ELU
Hace dos semanas ocurrió el trágico accidente de Urda, una desgracia nacional. Como dijo Luis de la Fuente, “todo un país vuelve a llorar cuando todavía no se habían secado las lágrimas de Adamuz”. Decenas de personas han perdido la vida, y muchas otras han resultado heridas. Detrás de cada nombre hay familias, proyectos truncados y un dolor que ninguna explicación jurídica podrá aliviar del todo. Ahora se abre, para todos los afectados, heridos y familiares, un pozo en el que no parecerá entrar luz. Será así por mucho tiempo, y aunque parezca injusto, el mundo sigue moviéndose, y se han de seguir tomando decisiones.
Aquí se abren infinitos interrogantes, y como no tengo respuestas para muchos de ellos, no podré contestar a los más trascendentales, pero como jurista (en potencia) y amante de la verdad, quiero traducir las que el Derecho puede dar, al menos por ahora.
¿Quién responde?
La primera pregunta que todos nos hacemos es ¿quién responde? La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes fue una decisión de responsabilidad política. Él mismo la justificó no como una admisión de culpa penal, sino como un acto de “dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas” tras dos accidentes de enorme gravedad en menos de un año.
Pero la dimisión no es igual a una condena, ni agota la responsabilidad de nadie. En Derecho no basta con que algo haya ocurrido: hay que investigar los hechos para poder determinar qué tipo de responsabilidad puede exigirse.
La responsabilidad política es la que se exige a un cargo público por su gestión o decisiones, y se puede materializar en una dimisión. La responsabilidad penal, en cambio, exige probar que una persona concreta cometió un delito, normalmente por imprudencia grave. La responsabilidad civil busca reparar económicamente el daño causado a las víctimas. Y, por último, la responsabilidad patrimonial permite reclamar una indemnización a la Administración cuando el funcionamiento de un servicio público causa un daño.
Por eso, decir “que dimita alguien” puede ser una exigencia política legítima, pero no responde, por sí sola, a la pregunta jurídica de quién causó el accidente ni de quién debe indemnizar a las víctimas.
La investigación penal
Los medios de comunicación han hablado del “Juzgado de Orgaz”, pero en realidad la investigación corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz. No es un tribunal especial creado para el accidente: es el órgano judicial competente territorialmente para instruir lo ocurrido en aquella zona. La jueza de instrucción no es la jueza que, en su caso, dictará después la sentencia. La instrucción es la fase en la que se investigan los hechos: se recogen informes, se escuchan declaraciones y se determina si existe sospecha fundada de delito. Sólo después, si hay indicios suficientes, puede abrirse una causa contra personas concretas y pasar a la fase de juicio. Por eso, decir que “ya hay culpables” sería prematuro. De momento no hay directivos ni técnicos imputados: se investigan hechos y se intenta determinar si hubo comisión de delito o si la tragedia fue un acontecimiento fortuito. En el escrito inicial, el juzgado investiga la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal, y de lesiones imprudentes del artículo 152, entre otros posibles. La diferencia es crucial: el 142 castiga al que, por imprudencia grave, causa la muerte de otro; y el 152 castiga las lesiones causadas por imprudencia grave o menos grave. No se trata de demostrar que alguien quiso provocar la tragedia, sino de averiguar si alguien creó un riesgo evitable y si ese riesgo fue la causa del resultado. Aquí aparece una de las grandes lecciones que nos da el Derecho: la verdad no se decreta. Se construye con pruebas. Y, mientras no existan esas pruebas, la prudencia obliga a no convertir hipótesis en condenas. La Fiscalía Europea En paralelo, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un posible fraude relacionado con fondos de la Unión Europea, incluidos los fondos FEDER y NextGeneration UE, destinados a la renovación y mejora de la seguridad, señalización y comunicaciones, de la línea Madrid-Sevilla. Esta institución sólo actúa cuando hay indicios de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea, como el fraude, la corrupción o la malversación de fondos europeos. En este caso, se examina si las partidas destinadas a obras y mantenimiento se emplearon correctamente y si las actuaciones contratadas se ejecutaron realmente. Esta investigación no sustituye a la española. Son dos vías distintas: la española busca las causas del siniestro y las responsabilidades penales; la europea busca si hubo irregularidades en la gestión de fondos comunitarios. Partirán de los mismos hechos, pero persiguen fines distintos. Qué pueden hacer las víctimas Para las víctimas, la pregunta más urgente no es solo quién fue el culpable, sino cómo se repara el daño. Y aquí el Derecho ofrece una vía: la responsabilidad patrimonial de la Administración. El artículo 106.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por lesiones sufridas como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor. La Ley 40/2015 desarrolla este derecho: el artículo 32 establece que la Administración debe indemnizar los daños derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. La ventaja de esta vía es que no exige identificar previamente a un culpable concreto. La víctima debe acreditar tres cosas: que sufrió un daño real y evaluable económicamente, una relación causal entre ese daño y el funcionamiento del servicio público, y que no deriva de fuerza mayor ni de un riesgo que legalmente debe asumir. El plazo para reclamar, en principio, es de un año desde que se produjo el hecho o desde que se manifestó el efecto lesivo. Por eso, aunque el dolor haga imposible pensar en trámites, el tiempo, jurídico y natural, corre. Lo que nos llevamos El accidente de Urda nos obliga a mirar algo incómodo: el progreso no consiste solo en construir más rápido, más grande o más moderno. Consiste también en mantener lo que ya tenemos. Una vía, una señal, un sistema de seguridad o una institución pública necesitan atención continua; de lo contrario, el olvido se convierte en riesgo. Para Santo Tomás de Aquino, la vida política no se ordena al interés de uno, sino al bien común. Aplicado a este caso, la seguridad ferroviaria no es un gasto, ni un detalle técnico, ni una cuestión reservada a expertos: es una obligación hacia quienes confían cada día en el servicio público. Por eso, después de Adamuz y de Urda, la pregunta no es solamente quién dimite. Es qué garantías concretas vamos a exigir para que la próxima persona que se suba a un tren pueda confiar razonablemente, en que llegará a casa. Al final, el Derecho no puede devolver a la vida a nadie, ni borrar el dolor, ni responder a la pregunta más difícil: por qué ocurrió. Pero puede hacer algo esencial: impedir que la tragedia se convierta en silencio.
